Por qué condenaron a Argentina a pagar US$ 16.000 millones por la estatización de YPF
El fallo de una jueza de EE.UU. obliga al país a indemnizar por no respetar una cláusula clave al expropiar YPF. Se suman intereses diarios por US$ 2 millones.
El origen del juicio por la estatización de YPF se remonta a una cláusula específica en el estatuto de la petrolera: ante una adquisición de control, debía realizarse una oferta pública de compra para todos los accionistas. Sin embargo, al momento de la expropiación en 2012, el Gobierno argentino -a través de una ley del Congreso- solo tomó el control de las acciones pertenecientes a Repsol, ignorando deliberadamente las del Grupo Petersen, ligado a la familia Eskenazi.
Este trato desigual entre accionistas fue el detonante del juicio internacional que terminó con una sentencia histórica: Argentina deberá pagar US$ 16.000 millones.
La jueza Loretta Preska, heredera del caso que antes llevaba Thomas Griesa, dejó en claro que no está en discusión la soberanía del país para expropiar, sino el incumplimiento de normas bursátiles al no ofrecer la misma oportunidad a todos los accionistas. Como YPF cotiza en Wall Street, el tribunal estadounidense encontró fundamentos para fallar en contra del país.
Aunque el Gobierno argentino apelará la sentencia, la condena está firme y eso activa el cómputo diario de intereses, estimado en alrededor de US$ 2 millones por día.
Detrás de este litigio se encuentra el fondo Burford Capital, que adquirió los derechos del juicio al Grupo Petersen luego de su quiebra en un juzgado de Madrid. Tras la expropiación, YPF dejó de pagar dividendos y eso llevó a la insolvencia de Petersen. En contrapartida al desplome de las acciones de IFF, el papel de Burford se disparó tras conocerse el fallo.
El juicio fue iniciado en 2015, pero recién en septiembre de 2023 se dictó la condena definitiva. El ex procurador del Tesoro Bernardo Saravia Frías sostuvo que aún existen herramientas legales para cuestionar el fallo de Preska. Entre ellas, propuso dos vías: una ley del Congreso que rechace la entrega de acciones como forma de pago -ya que violaría la normativa argentina- y un per saltum a la Corte Suprema, con el objetivo de frenar el avance del Ejecutivo en esta dirección.